Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Verds para la implantación efectiva de la nueva ley de contratos del sector público

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La contratación pública de obras, bienes, servicios y suministros es una herramienta propia de las Administraciones Públicas y supone un importante impacto económico, democrático, social y medioambiental en nuestras ciudades.

La contratación pública representa el 18% del PIB del país, genera empleo, oportunidades empresariales y fomenta un nuevo modelo productivo. Además es pieza clave en la modernización del procedimiento administrativo.

En los últimos años, servicios prestados por ayuntamientos, gobiernos autonómicos y otras instituciones públicas se han externalizado bajo la excusa de abaratar los costes y responder a las exigencias de recorte en el gasto público. En la mayoría de los casos, esta práctica ha tenido como consecuencia el empeoramiento de la calidad de los servicios, así como de las condiciones sociales, laborales, económicas y ambientales en las que se ejecutan estos contratos.

Las entidades del sector público son las responsables de establecer los términos del contrato, adjudicarlo, supervisar su cumplimiento y rescindirlo llegado el caso. Nuestra fuerza política siempre ha venido demandando que el abaratamiento de costes no fuera determinante en las contrataciones, abogando porque se tuviera en cuenta otros aspectos cualitativos de tipo social, laboral o medioambiental.

En ocasiones también hemos tenido que denunciar la precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras de algunas contratas; la continuidad de la prestación de servicios pese a que los contratos han dejado de estar en vigor; o el escaso o nulo control y supervisión de los servicios contratados. Asimismo, también hemos advertido públicamente de los riesgos para la calidad de los servicios que tienen los contratos con una duración excesiva y el abuso que se hace de los contratos menores, así como de la figura de “singularidad técnica o artística” en los contratos para realización de eventos.

Sin embargo, hasta la fecha todas nuestras iniciativas han sido infructuosas. Pero, por suerte, la entrada en vigor este 9 de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público permitirá restringir este tipo de actuaciones por parte de los gobiernos municipales y corporaciones locales. Una Ley que obedece a dos Directivas del Parlamento y Consejo Europeo de 2014 y que son obligado cumplimiento para los países miembros, lo que implica su transposición a la legislación estatal tras las advertencias de sanción por parte de la Comisión Europea.

Entre otras cosas, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público prohíbe por ejemplo la posibilidad de contratación sin publicidad; promueve la contratación de PYMES e incluye en sus criterios de adjudicación aspectos medioambientales, sociales y de innovación. Una Ley importante para quienes queremos hacer avanzar nuestra sociedad hacia la equidad y la justicia social.

Destaquemos algunas mejoras de esta nueva Ley que deberían motivar su rápida adopción:


- El precio dejará de ser el elemento más importante en la adjudicación de las ofertas. A partir de ahora, la calidad supondrá más de la mitad de la valoración para los contratos sociales o de carácter intelectual, y la pluralidad de criterios pasa a ser la norma general para la selección del contratista.
- Los contratos contendrán siempre consideraciones sociales, ambientales o de innovación. Este es un cambio de enfoque en la contratación pública que contribuirá a que deje de ser un negocio sólo para las grandes empresas y servirá a la sociedad como herramienta de progreso. Se incluye una extensa lista de cláusulas sociales para proteger y fomentar los derechos laborales, la igualdad entre mujeres y hombres, el comercio justo, la protección del medioambiente, y que estas sean criterios a valorar en la contratación de una u otra empresa.
- En lo que a transparencia e integridad supone, esta ley es un importante avance respecto a la legalidad vigente. Implementa medidas anti-corrupción como aumentar la transparencia mediante la publicación de información de los contratos de todo el sector público. Además, todo será publicado: el contrato; sus modificaciones y cesiones; las actas de valoración de las ofertas; los expedientes previos de preparación, etc. Asimismo cualquier registro será abierto, público y los formatos reutilizables.
- Simplificar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso a las Pymes a las adjudicaciones o reservar a organizaciones de carácter social las adjudicaciones de determinados contratos. La división en lotes de los contratos será la norma, y los obstáculos se reducen para que las pymes puedan optar a los contratos públicos.
- El impago de salarios y el incumplimiento de los convenios colectivos o la normativa laboral por parte de la empresa durante la ejecución del contrato podrán ser motivos de que este se rescinda.
- Se aumentan las sanciones para que las empresas defraudadoras.
- Los servicios sociales cuentan con un trato especial. La dependencia, la atención a menores y otros servicios no estarán sujetos a competencia, primará la accesibilidad, la continuidad, la asequibilidad y las necesidades de los grupos desfavorecidos y vulnerables.
- Se podrán reservar contratos a las entidades de economía social y de forma obligatoria a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y las empresas de inserción. Estos dos últimos tendrán garantizado al menos entre un 7 y un 10% de los contratos.

En suma, experimentamos cierto avance hacia una administración más transparente y eficiente, aunque todavía resulte insuficiente mientras no sean modificados otras dos graves cuestiones que afectan de lleno a los municipios: el techo de gasto y la insuficiencia de ingresos en concepto de ingresos estatales.

Sin embargo, pese a que la nueva Ley fue aprobada en noviembre del pasado año y entrará en vigor el 9 de marzo, hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de las acciones promovidas por el Equipo de Gobierno para adaptarse a la nueva normativa. Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida – Els Verds, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento acuerda crear una unidad de seguimiento de la ejecución de contratos según la nueva legislación, tanto para el Ayuntamiento como para sus organismos dependientes como Aldaia Próxima, que vele por unas condiciones de contratación que no prioricen el abaratamiento de costes, sino los intereses sociales y el bien común, el bienestar de las personas y el cuidado del entorno.

2. También acuerda revisar la actual o bien aprobar una nueva regulación municipal para la contratación pública, así como para el seguimiento, fiscalización y análisis de la misma, con vistas a la correcta aplicación de la ley de contratación que entra en vigor este mismo mes.

3. Esta Corporación realizará la formación necesaria sobre La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a sus trabajadoras y trabajadores, así como al personal de Aldaia Próxima, especialmente a quienes se formen parte de los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de contratación.

4.-Este Ayuntamiento reitera que cumplirá su compromiso ya contraído en una moción y fijado por las leyes sobre transparencia, de modo que se hagan periódicamente públicas las evaluaciones, resultado del seguimiento, sanciones y/o cualquier documento referido a la contratación llevada a cabo. Aldaia, 2 marzo 2018



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