Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción por la aplicación en las instituciones públicas del artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas sobre protección a testigos e informantes de presunta corrupción política

Los concejales y grupos municipales abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización de la Entidades Locales, presentamos, para su aprobación, la siguiente moción

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 24 de junio, la ciudadanía de Madrid salió a la calle para luchar contra la corrupción y la impunidad que vienen produciéndose en nuestras instituciones, desde la más alta como es la Jefatura del Estado, hasta el más pequeño Ayuntamiento. Esta movilización amplia y plural se articuló en torno al Manifiesto “Más democracia, más libertad y más derechos” que, en resumen, declara:

“La corrupción política y empresarial en España es sistémica. Proviene del franquismo, ha parasitado el régimen constitucional del 78, y la democracia no ha acabado con ella. Alcanza tal gravedad que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. No son casos aislados, son muchos cientos de procesados por corrupción y una lista interminable de operaciones policiales y judiciales (…)

La sensación ciudadana es que solo se conoce la punta de iceberg y que al final todo quedará en nada. Ello conduce a una sociedad desmoralizada que cree que no se puede actuar frente a este grave problema de delincuencia organizada. Y una sociedad en la que la corrupción y la impunidad están generalizadas es una sociedad enferma.

Por si fuera poco, roban mientras recortan lo que es de todas. Hay una conciencia clara entre la ciudadanía de que sus robos son nuestros recortes y que tienen que ver con las políticas antisociales de ajuste y las privatizaciones que se están aplicando en España. El coste de la corrupción se calcula en 90.000 millones, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (…)

Frente a este estado de cosas, hay alternativas. Y estas pasan por fortalecer la democracia, la participación ciudadana, la moralidad pública y la transparencia. (…) En resumen, es preciso introducir mecanismos que eleven la intensidad de la democracia ante prácticas corruptas, como el revocatorio de todo cargo público electo, así como un mayor control ciudadano sobre el poder político.” (...)

Coincidiendo con estos planteamientos, esta moción persigue poner de relieve otro mecanismo de lucha habitualmente ignorado por las declaraciones rimbombantes contra la corrupción que se hacen desde las instituciones: la circunstancia de que la mayoría de casos de corrupción pública conocidos salieron a la luz por filtraciones y denuncias procedentes del personal que trabaja en esas mismas administraciones públicas. De aquí la importancia, para la lucha eficaz contra la corrupción política, de vertebrar canales útiles y seguros para garantizar la protección de la persona denunciante de buena fe, así como de generar una cultura favorable a la denuncia motivada y de ayudar a construir alternativas seguras al silencio y ocultamiento que suele hacerse de las denuncias planteadas por parte de los y las responsables.

Hace pocos meses se difundió por internet, con mucho éxito, una campaña de change.org titulada “Por una normativa que proteja a quienes denuncian la corrupción política ” que ya suma 231.659 adherentes. Esta campaña pide a los principales partidos que se comprometan a hacer una normativa que proteja a quienes denuncian la corrupción política, considerados “alertadores” y “alertadoras” para evitar toda carga peyorativa de esta conducta ciertamente ejemplar.

El artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, que España ratificó en 2003 (ver BOE), recomienda desarrollar la protección a testigos de casos de corrupción institucional mediante una norma de carácter nacional que también debería hacerse extensible al ámbito autonómico. Sin embargo, 14 años después, ningún gobierno de nuestro país y territorio lo han hecho aún. Es el momento de exigir a quienes corresponde que garanticen una adecuada protección, amparo, apoyo y reconocimiento a las personas denunciantes y/o que aceptan testificar contra casos de corrupción política.

Por estas razones, presentamos a esta Corporación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este pleno acuerda exigir al Gobierno de la Nación y a la Generalitat Valenciana que en las regulaciones que se establezcan para luchar contra la corrupción política se incluyan también la garantía de protección a denunciantes y testigos.

2.- Exigir al Gobierno municipal de Aldaia, además del cumplimiento riguroso de la Legislación sobre transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, asumir públicamente el compromiso ético de brindar a las personas denunciantes una adecuada protección y garantía de sus derechos civiles y laborales.

3.- Asimismo, dar cuenta todos los meses en la Comisión informativa que corresponda de las denuncias y quejas presentadas por la población sobre la gestión municipal.

Aldaia, 7 julio 2017

FIRMANTES: - Juanjo Llorente (concejal EUPV Los Verdes) y Eugenio Corraliza (concejal No adscrito de Podemos)



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