Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Contra Reforma Llei de l’avortament del PP

La reforma de la ley del aborto presentada por el PP propone la derogación del artículo 13 apartado 4, un artículo que contempla que las mujeres de 16 y 17 años pueden acudir a interrumpir el embarazo sin sus padres, cuando se encuentren en una situación de violencia intrafamiliar, de malos tratos, de coacciones, de desamparo o de desarraigo.

Tan vergonzosa es la contrarreforma que ningún ministro se ha querido hacer cargo de ella, y ha tenido que ser el grupo parlamentario popular quien la lleve al Congreso.

El Gobierno de Rajoy lleva toda la legislatura gobernando en contra de las mujeres, y hoy lo ha vuelto a hacer.

Los últimos datos oficiales -de 2013- demuestran que, con la actual ley, hemos alcanzado en España las tasas de aborto más bajas de los últimos siete años y que, especialmente, se están reduciendo el número de abortos en las mujeres menores de 30 años. Por tanto, la ley de 2010 cumple el objetivo de reducir el número de embarazos no deseados.

Lo que tendría que hacer el PP es invertir en educación sexual, en prevención de embarazos no deseados y no perseguir ni criminalizar a las mujeres.

Os adjuntamos nota de prensa y estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) que desmiente los argumentos que "justifican" esta reforma.

La lucha por la defensa de los derechos civiles continua.

El PARTIDO POPULAR DESPROTEGE A UNAS 400 MENORES A LAS QUE ABOCARÁ A UN ABORTO CLANDESTINO.

- La ley hace de una excepción la norma. Estudios de ACAI confirman que el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una IVE es del 3,60 %; de ellas, tan solo un 12,38%, no pudieron informar a sus padres. Con respecto al total de mujeres que acceden a un aborto, este grupo tan solo representa un 0,44%.

- Casi el 90% de las menores informaron y vinieron acompañadas por su tutores a interrumpir su gestación; por lo que podemos afirmar que el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas; y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la actual Ley ampara.

- Las razones principales por las que una mujer de 16 y 17 años no comunica a sus padres la situación son: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente contrarios al Aborto Provocado o padres que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor.

El objetivo principal que dice perseguir el Partido Popular con la presentación de esta Ley: proteger a las menores, según se señala en la norma presentada esta mañana, es la primera circunstancia que se perderá con el cambio; ya que son las menores en desamparo, en riesgo social, procedentes de familias desestructuradas…las que gracias al amparo de la actual Ley consiguen interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad médica; no permitírselo las abocará a un aborto clandestino, poniendo en riesgo su integridad.

Haciendo una generalización simplista de la situación de las mujeres jóvenes españolas, el PP presupone, tal y como dice su norma, que entre las facultades del ejercicio de la patria potestad con respecto a las menores está el de “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”; sin advertir que algunas menores no disfrutan de esas circunstancias, es decir menores en dificultad, sin ese amparo familiar, mujeres que también existen y a las que también hay que darles una opción acorde a sus circunstancias vitales.

El Gobierno además falta a la verdad cuando afirma que “la Ley de 2010 impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de la protección…de poder contar…con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad”, ya que hace de la excepción (casi el 90% de las menores vienen acompañadas de sus progenitores) una generalidad.

La Ley del 2010 no solo no impide a las menores comunicar a sus padres la situación, sino que exige que estos sean informados salvo en casos muy concretos y particulares en los que: “la menor alegue fundadamente…conflicto grave, manifestando en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”, es decir, los casos que habitualmente vemos y tratamos en los centros.

Por tanto el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas; y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la Ley actual ampara.

El hecho, de que está proposición de Ley reconozca veladamente la posibilidad de “cualquier tipo de conflicto” y que para su resolución apunte a lo previsto para tales casos en el Código Civil, deja clara la intención de “condenar” a las menores en situación de riesgo a una suerte de periplo jurídico, legal y médico que por nuestra experiencia las menores en dificultades no abordarán, recurriendo por el contrario a soluciones clandestinas.



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