Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Declaración política de IU-LV-CA en torno a la Diada de Catalunya: En defensa de un Estado republicano y plurinacional, multilinguistico y pluricultural

Vivimos una profunda crisis que tiene una dimensión Europea e Internacional que afecta, de forma especial, a los pueblos del sur de Europa. La brecha que separa a los gobernantes, al servicio de los poderosos, de la gente común, se profundiza día a día, mientras nos desahucian, despiden, precarizan el trabajo, destruyen la sanidad y la enseñanza pública, se llenan los bolsillos con el dinero que hemos generado las personas de la clase trabajadora, reduciendo el gasto público para sostener el beneficio privado.

El sistema económico ha sido sacudido por una grave crisis. El capitalismo necesita periódicamente de estas crisis, es su ciclo natural, su forma  brutal y convulsa de vida, como un mecanismo de poner sus  beneficios en orden, para ello no dudan en destruir nuestras vidas.

Esta profunda crisis coincide y se potencia con una grave crisis política, que está produciendo una colosal transformación de la conciencia de millones de personas a través de su experiencia y de las movilizaciones.

De esta manera los poderes económicos están aprovechando la crisis para imponer un modelo político y social, basado en un desplazamiento del poder político desde la sociedad, formalmente democrática, a los mercados financieros, junto a una reducción del papel del sector público, privatizaciones de esferas importantes del estado social. Las consecuencias son un secuestro de la democracia y un aumento brutal de la desigualdad y de la pobreza.

En el caso del Estado español, la crisis tiene un fuerte componente político e institucional, como consecuencia del agotamiento del modelo surgido durante la transición. Un sistema político, que se nos decía buscaba construir una sociedad democrática y alcanzar un incipiente Estado Social, ha quedado desdibujado y ha resultado que esos objetivos iniciales han sido un espejismo, ya que durante décadas, las mayorías gobernantes han construido un andamiaje institucional que, aprovechando el sistema electoral, ha instalado un bipartidismo esclerotizado, del que la monarquía es una pieza clave.

La crisis ha aumentado la ofensiva contra el llamado Estado Social, es decir contra las conquistas históricas de la clase trabajadora y provocado un reforzamiento del aparato del Estado y su función represiva frente a la mayoría social trabajadora que no se resigna, lo que está provocando una mayor deslegitimación social de las instituciones.

Las políticas de recortes de derechos sociales y la reforma laboral rompen cualquier posibilidad de esperanza de una salida social de la crisis en el actual sistema social y económico.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha y su Ley electoral es un ejemplo de como se utiliza el sistema electoral para evitar la elección de terceras fuerzas políticas, y blindar la mayoría electoral de la derecha. Las amenazas de reforma por parte del PP de la ley electoral para las elecciones municipales, que cambiaría radicalmente el carácter de nuestros ayuntamientos hasta darles un carácter presidencialista es otra expresión de la ruptura unilateral de acuerdos que fundamentaron el proceso de transición a la democracia.

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de Catalunya de junio de 2010 y el proceso de recentralización impulsado por el Gobierno del PP han provocado una profunda crisis constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada después de que el Parlament de Catalunya, el Parlamento español y el pueblo catalán en referéndum se hubieran pronunciado, ha supuesto la ruptura de las reglas de juego sobre las que se construyó y desarrolló el Estado autonómico.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional no sólo afectó al Estatuto catalán, sino que también ha tenido repercusión en casi todos los estatutos de autonomía de segunda generación: limitando el desarrollo de los autogobiernos; negando la participación de las CCAA en las decisiones y organismos del Estado, uno de los elementos federalizantes de los nuevos estatutos; y facilitando la permanente intromisión competencial del Gobierno del Estado en ámbitos propios de las CCAA.

Según dicha sentencia las aspiraciones de mayor y mejor autogobierno y de reconocimiento nacional de Catalunya, plasmadas en un Estatuto pactado con el Estado y aprobado en referéndum por la ciudadanía, no tenían cabida en el marco constitucional, manifestando además que no era posible realizar una lectura federal de la Constitución.

A esta realidad, hay que sumar que el actual Gobierno del PP está realizando una ofensiva contra las autonomías, a las que acusa falsamente de la crisis, para justificar un proceso de involución autonómica y de recentralización, buscando una vuelta al centralismo españolista mas rancio y reaccionario, al tiempo que, al reducir los recursos económicos de las CCAA, ataca directamente al gasto publico de fines sociales que es el espacio más importante de gobierno y gestión de las CCAA.

El proceso de recentralización afecta también a los municipios con una Ley de reforma de la administración local que vacía de contenido el poder local.

El agotamiento del actual sistema constitucional, ha tenido también, una dimensión socioeconómica con la reforma en septiembre de 2011 del artículo 135 de la Constitución. Con esta reforma las políticas neoliberales de austeridad adquirieron un rango constitucional, que sumar a los ataques al trabajo digno como factor determinante de la articulación de la sociedad.

La Reforma Laboral y las sentencias del Tribunal Constitucional que legitiman la conversión del trabajo en una mercadería más y no un derecho social son la última expresión de esta ruptura con los elementos sociales recogidos formalmente en la Constitución de 1978.

En la práctica asistimos a la culminación de un proceso de cambios sociales, institucionales y laborales claramente regresivos, por parte de los poderes económicos y sus representantes políticos, sustentados en el reforzamiento del aparato represivo del Estado, que ésta entrando en una fase de construcción de un nuevo orden social e institucional con el objetivo de recuperar la tasa de beneficio del capital y poner todos los recursos del Estado al servicio de los poderes económicos.

Superar esta situación desde una perspectiva democrática requiere de un proceso constituyente que garantice tanto los derechos sociales como los derechos democráticos que reconozca el derecho a decidir de los pueblos que conforman el Estado Español y refuerce la participación directa de la ciudadanía en el gobierno de la economía y la sociedad.

Si bien es verdad, que la Constitución de 1978 contiene, en un plano formal, algunos elementos, que formalmente podían haber permitido avanzar en el sentido de reconocer un ejercicio mas garantista de los derechos sociales, por ejemplo con un desarrollo avanzado del derecho a la participación directa previsto en su artículo 23. Al mismo tiempo la caracterización del “Estado social” que recoge de una manera formal, la Constitución Española podría haber permitido avanzar en una mayor concreción de los derechos sociales, en un sentido amplio que incluyera la vivienda y el derecho al trabajo, como derechos fundamentales, sin embargo, el desarrollo de la Constitución, que ha propiciado el bipartidismo monárquico, ha caminado en sentido contrario, en el de consolidar los elementos que constituyen un freno a una interpretación democrática y social, siendo la inclusión del art. 135, que supedita todo interés general, al pago de la deuda bancaria, su punto más culminante, lo que nos lleva a considerar plenamente agotado cualquier impulso positivo que pudiera haber tenido la Constitución de 1978.

Por eso es imprescindible impulsar un proceso constituyente que haga saltar los obstáculos que impiden el ejercicio real de la soberanía por parte de los ciudadanos frente a los poderes económicos.

La única solución para afrontar los retos de construir un Nuevo Proyecto de País, es la de no tener miedo a la democracia, y apostar de forma radicalmente decidida por un proceso que dote de más poder político al único soberano realmente existente en nuestro país, el pueblo.

Un Nuevo Proceso Constituyente debe reconstruir las bases económicas, políticas, sociales y territoriales en las que se asienta el proyecto común de Estado del que nos dotamos para organizar nuestra convivencia y ese proyecto debe estar basado en el respeto verdadero a los valores y derechos humanos, algunos de ellos mencionados en la actual constitución, pero desgraciadamente no ejercidos ni respetados en la práctica, como el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la libertad de expresión y manifestación, la participación política y el derecho a decidir de los pueblos.

Un Nuevo Proceso Constituyente que ya ha empezado y no puede ser restringido a una simple reforma constitucional, y mucho menos a una reforma cosmética, limitada y acordada por arriba.

La crisis ha revelado la profundidad de los problemas que nos afectan, y la realidad de que los gobiernos del bipartidismo monárquico han arrodillado su política ante los poderes económicos, limitándose a jugar el papel de administradores de los intereses dominantes en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir han supeditado el interés de la mayoría de la sociedad, del pueblo trabajador, a los intereses de una minoría, controla todos los resortes de la riqueza, los capitalistas que deciden por todos llaman “bien común” o “interés colectivo”, a lo que es pura y simplemente la defensa de sus intereses.

El control y planificación de recursos y sectores estratégicos de nuestra economía, la superación de las limitaciones de leyes electorales y sistemas bipartidistas de reparto de los poderes del Estado, la privatización de derechos y servicios públicos como la vivienda, la salud o la educación, sin hablar de la energía, el agua o el suelo, nos indican que para poder reconstruir este proyecto común que hace aguas por distintas vías, son los intereses de los pueblos del Estado Español los que deben protagonizar la agenda y las propuestas de solución.

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