Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Concejal EU Aldaia presenta una moción en defensa de los servicios sociales municipales que el Gobierno Rajoy pretende suprimir, y de apoyo al “Manifiesto de defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Primaria†elaborado por trabajadores/as y profesionales del sector

Aunque el grupo municipal de EU ya presentó en marzo pasado una moción que el PP votó en contra, por la retirada del proyecto de ley de reforma de las administraciones locales, la moción ahora presentada con la intención de fomentar el debate y pronunciamientos ciudadanos sobre esta cuestión, asume buena parte del Manifiesto elaborado por la plataforma valenciana de profesionales de servicios sociales, con los que hay una sustantiva coincidencia en la necesidad de parar las intenciones del gobierno Rajoy dirigidas a suprimir y desregular la prestación de unos servicios tan básicos a la población como son los servicios sociales municipales, en los actuales tiempos de crecimiento desmesurado del paro, la pobreza y la exclusión social.

De hecho, frente al malestar social provocado por las políticas contra los trabajadores y los pueblos del estado puestas en práctica por el gobierno Rajoy, no deja de sorprender la inhumanidad y el “enloquecido†cálculo con los que el ministro español de economía y hacienda incurrió para justificar ante el Consejo de ministros del pasado 15 de febrero esta reforma local. Así, según sus previsiones, la puesta en marcha de esta reforma supondrá:
- Clarificación de competencias: AHORRO de 2.231,7 millones (31 por 100 del ahorro).
- ELIMINACIÓN de duplicidades: 3.281,7 millones (46 por 100).
- (SUPRESIÓN) Mancomunidades y entidades locales menores: 72,8 millones (1 por 100).
- (SUPRESIÓN)Personal eventual y altos cargos: 145,8 millones (2 por 100).
- REDIMENSIÓN del sector público local: 1.397,1 millones (19,6 por 100).

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala:†La moción que presenté el mes anterior, fue rechazada por el gobierno municipal derechista con el argumento de que la propuesta del Gobierno Rajoy era tan sólo un borrador, una propuesta más o menos improvisada. Sin embargo, como muestran las cifras reseñadas antes, esta propuesta de ley obedece a unos cálculos bastante precisos y a una voluntad que resulta difícil saber si no es también un compromiso de recorte ya contraído por el ejecutivo español con la Troika europea†.

“En cualquier caso, sigue diciendo Juanjo Llorente, la voluntad de liquidar los servicios sociales municipales a no muy largo plazo supone una agresión muy grave, inaceptable, contra el bienestar colectivo y los derechos sociales y democráticos de la población. Ningún ayuntamiento, comenzando por las personas y cargos públicos que lo gobiernan, puede permanecer al margen y por ello instamos mediante esta moción a que todas las fuerzas políticas del consistorio se pronuncien públicamente†.

Anexo. Texto de la Moción por la defensa, clarificación y mejora de las competencias municipales en el ámbito de los servicios sociales

A juicio de muchos profesionales, usuarios e incluso responsables políticos vinculados a este sector, la aprobación por el Consejo de Ministro del pasado 15 de febrero de un anteproyecto de reforma local, y su posterior tramitación y aprobación como “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local†, va a suponer el desmantelamiento del sistema público de servicios sociales que se ha venido construyendo en España durante décadas.

Esto es así porque la nueva ley, entre otras cosas, señala en su artículo séptimo que la única competencia que los Ayuntamientos podrán ejercer en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social†. Sin embargo, los Servicios Sociales Municipales son actualmente una parte fundamental del Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna. La Constitución los enmarcó como una competencia autonómica y por tanto no existe un marco estatal que los defina, pero, a diferencia de la Sanidad o la Educación que también son de competencia autonómica, los Servicios Sociales no disponen de una cartera de prestaciones mínimas definidas y que establezca la extensión e intensidad de la protección, lo que ha permitido que con el paso del tiempo adquirieran su máxima implantación y desarrollo a través de las corporaciones locales como los Ayuntamientos y las Mancomunidades, dado que son ellas las que más directamente reciben el impacto de la necesidad social y las presiones de la población.

Ello también ha favorecido que, en estas últimas décadas, los Servicios Sociales se hayan organizado atendiendo a su nivel de especialización; distinguiéndose la Atención Primaria, de competencia local, y la Atención Especializada, de competencia autonómica. Mientras que los primeros constituyen la estructura básica y puerta de entrada al sistema público, siendo su finalidad conseguir unas mejores condiciones de vida de la población mediante una atención integral y polivalente, los servicios sociales especializados se consideran como aquellos que requieren el desarrollo de una atención específica (nivel secundario) a usuarios/as con problemas y circunstancias especiales.

Los Servicios Sociales Comunitarios o Generales, dispensados por Ayuntamientos y mancomunidades, además de ser los más próximos y de recurso inmediato para que la ciudadanía tenga garantizado el acceso a sus derechos sociales, constituyen igualmente la parte más representativa del conjunto de políticas sociales en el ámbito local, habiendo conseguido consolidar una estructura de funcionamiento capaz de organizar con gran solvencia técnica y recursos presupuestarios modestos la atención social de la ciudadanía, y que por ello cuenta con gran proyección social y reconocimiento social e institucional.

Pero la propuesta de reforma de la Ley de Bases del régimen local aprobada el pasado 15 de febrero supone un enorme paso atrás, hacia un sistema de servicios sociales de carácter asistencial, basado en la beneficencia y el asistencialismo y no necesariamente públicos en su gestión.

En la propuesta de nueva Ley se observa que en el único punto del articulado donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en la nueva redacción del artículo 27.2 que establece lo siguiente: “la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, las siguientes competencias: apartado -c. Prestación de los servicios sociales…†.

Sin embargo, las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas y de las Diputaciones provinciales que configuran el Estado, porque ello supone volver a la prestación social entendida como algo discrecional y no como un derecho. Además, esta medida de la nueva propuesta de ley también supone una recentralización de la atención social a la ciudadanía y la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que es una cuestión tan vinculada al territorio en manos de actores ajenos al mismo y tan alejados de las personas a las que se quiere atender. Unos actores, igualmente, que podrán ser tanto públicos y que por tanto se supone buscan el bienestar colectivo mayoritario, como privados y supeditados a intereses lucrativos.

Desde Esquerra Unida, coincidiendo con las propuestas formuladas por los agentes sociales y las asociaciones de trabajadores/as y profesionales de los servicios sociales, consideramos que es a los Ayuntamientos, por si solos o agrupados en Mancomunidades o entidades locales menores, a quienes debe corresponder la prestación del nivel de atención social general o primaria, una atención que incluya como mínimo la siguiente cartera de prestaciones básicas:

- Información, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad.
- Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
- Ayudas económicas de emergencia social.
- Intervención y mediación familiar.
- Prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
- Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social
- Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo.
- Atención primaria a mujeres víctimas de violencia de género
- Atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia.
- Alojamiento de urgencia.
- Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.

Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.-Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas todas ellas que permiten vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.

2.-Solicitar la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

3.-Incorporar una nueva ley, o modificar la vigente Ley de Bases 7/85, al objeto de definir y clarificar, como competencia directa municipal, la Atención Primaria de Servicios Sociales y su responsabilidad directa en la gestión de las prestaciones básicas recogidas en la presente moción, y estableciendo la financiación necesaria para su adecuado cumplimiento.

4.-Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del Estado, nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las políticas de desarrollo socio-económico sostenible en el territorio, y por mejorar la cohesión social.

5.-Impulsar un proceso de negociación entre todos los grupos parlamentarios y con la FEMP, que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos.

6.-Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat, y a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes Valencianas, y a la Junta de Gobierno de la FVMP.

7.- Expresar su sintonía con el Manifiesto de defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Primaria, elaborado por los profesionales del ámbito local y que aparece publicado en la siguiente web: http://serviciossocialesmunicipales...



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